SOCIEDAD PLURAL, ESCUELA PLURAL

JOSÉ GONZÁLEZ RUIZ, SECRETARIO PROVINCIAL DE FSIE-JAÉN (FEDERACIÓN DE SINDICATOS INDEPENDIENTES DE ENSEÑANZA)

 

 

Jose Gonzalez RuizUno de los fundamentos de los sistemas democráticos y de los países desarrollados es, sin duda alguna, la consolidación y desarrollo de una sociedad plural. El pluralismo se plasma en la existencia de grupos que persiguen diversidad de fines, propósitos u objetivos, y que conforman una convivencia social indispensable y consolidada. Estos grupos sociales pretenden determinadas finalidades económicas, políticas, educativas, religiosas, recreativas, científicas, profesionales, y tantas más que dan sentido a esta convivencia social.

Coincidiendo, por tanto, en que la sociedad andaluza y jienense es diversa y plural debemos analizar el papel de las administraciones en la aplicación de derechos fundamentales reconocidos por la Constitución y por nuestro Estatuto de Autonomía, como el derecho a la Educación.

El objetivo fundamental de la Educación es el desarrollo integral de la persona, tanto a nivel individual como social. Es necesario incidir desde la acción educativa en la adopción de las actitudes y valores que, a partir del respeto al pluralismo, la libertad, la justicia, la igualdad, la responsabilidad y el pensamiento crítico basado en la racionalidad, contribuyan a construir una sociedad más desarrollada y justa.

Para aplicar este imperativo legal se hace imprescindible una regulación del sistema educativo, así como el fomento de la participación efectiva de la sociedad y sus instituciones en el mismo. En Andalucía suscitó un amplio consenso la Ley de Educación de Andalucía (LEA), aprobada en 2007 para esa finalidad. Esta Ley define en su artículo 3 el “Sistema Educativo Público de Andalucía” como el conjunto de centros, servicios, programas y actividades de las administraciones públicas de la Comunidad Autónoma o vinculados a las mismas, orientados a garantizar el derecho de la ciudadanía a una educación permanente y de carácter compensatorio.

La LEA, asimismo, establece que este Sistema Educativo Público de Andalucía está compuesto por los centros docentes públicos de titularidad de la Junta de Andalucía y por los centros docentes concertados, centros estos últimos vinculados a la administración a través de un “concierto educativo” para la restación de este servicio de interés social en términos de igualdad y gratuidad, desde el segundo ciclo de Infantil hasta, al menos, la finalización de la Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO).

En esta misma línea, ya la Ley reguladora del Derecho a la Educación de 1985 y la Ley Orgánica de Educación de 2006 establecen un régimen dual para la prestación del servicio educativo, en lo relativo a la enseñanza obligatoria y gratuita. Es decir, el sistema pivota sobre dos ejes, la enseñanza concertada y la enseñanza pública. A partir de entonces, y a pesar de la constante sucesión normativa en la materia, lo cierto es que el sistema ha seguido sustentándose sobre las dos columnas representadas por los centros concertados y por los centros públicos, respecto de la enseñanza obligatoria y gratuita, insisto. Por lo tanto, y a fin de atender las demandas de las familias, la Administración educativa deberá garantizar una oferta suficiente de plazas en los centros públicos y concertados, en el contexto de su programación educativa.

Estos argumentos expuestos no son ideológicos del grupo social al que represento, trabajadores de la enseñanza concertada que han apostado por FSIE como organización sindical mayoritaria, sino que son Fundamentos de Derecho del Tribunal Supremo en sentencia nº 1180/2016, dictada a instancias de FSIE-Andalucía.

Una solución contraria a la expuesta determinaría que la Administración educativa podría ir incrementado plazas en los centros públicos y simultáneamente suprimir unidades en los centros concertados (a pesar de que la demanda de los mismos se mantenga o se incremente y se cumpla la ratio profesor/alumnos), haciendo desaparecer esa necesidad de escolarización, y por dicha vía, derogar el sistema de conciertos previsto en la legislación actual.

Y esta propuesta, contraria a la legalidad vigente, es la que están poniendo de manifiesto determinados grupos políticos y organizaciones sindicales que pretenden hacernos creer que la enseñanza concertada es subsidiaria, y por tanto prescindible, con la intención de redirigir a los alumnos a los centros de titularidad pública.

Una sociedad plural conlleva pluralidad en la oferta educativa para así responder a las particulares demandas de Educación de los diferentes grupos sociales. El derecho fundamental a la libertad de enseñanza se traduce en la libertad de los padres de familia para elegir el tipo de escuela y de formación que quieren para sus hijos. Así desde 1985 se han complementado, sin enfrentamientos, distintos tipos de escuela, con idearios, con instalaciones, con perfiles pedagógicos, con prioridades educativas diferentes. Creados unos por iniciativa social, otros promovidos por la economía social o a instancias de las administraciones locales, autonómicas o nacionales. La democracia y el desarrollo económico fueron consolidando este sistema de centros sostenidos con centros públicos, para las enseñanzas obligatorias y gratuitas, que ha convivido sin que surjan conflictos.

Ahora bien, una de las consecuencias de la crisis económica de los últimos años ha sido el grave problema de la bajada de la natalidad y la disminución del número de alumnos que se van incorporando al sistema educativo. En otros sectores productivos, regulados por las cuentas de resultados, las medidas ya las hemos sufrido: expedientes de regulación de empleo, cierre de sucursales…, reconversiones que al fin y al cabo han terminado destruyendo puestos de trabajo. Pero esta bajada de nacimientos y las migraciones reflejan la grave crisis económica que sufren muchas zonas especialmente vulnerables, pueblos y ciudades donde se siente con gran virulencia el paro y la despoblación. Por lo que ante esto no cabe más que la obligación de invertir en Educación, especialmente en esas zonas devastadas por la crisis en las que se deben de adoptar medidas excepcionales y mantener los esfuerzos económicos en inversión.

Para ello, y como primer paso, debemos abogar por medidas excepcionales para zonas concretas, que están perfectamente detectadas en Andalucía, como la ciudad de Linares, donde se hace imprescindible una flexibilización, adecuación y reducción de la ratio (número de alumnos por aula) de forma extraordinaria para hacer frente a la devastación industrial y social. Mantener la inversión en Educación nos posibilitará el mantenimiento del empleo y crecimiento social frente a postulados puramente economicistas y de restricción del gasto.

La disminución de alumnos no puede llevarnos a cerrar aulas del sistema educativo público andaluz ni a destruir más empleo, ni en modo alguno a dirigir el dedo amenazante hacia los profesionales de los centros concertados.

5 de febrero de 2017

 

 

 

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En portada, diseñado por Colegio Sagrado Corazón de Linares